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Los planes de renovación urbana han enrarecido el ambiente en el centro de Bogotá, que se debate entre el desarrollo y la crisis social que se puede generar debido a estos proyectos.

Por: Luis Enrique Castro

Con el lema "el centro no se vende" los comerciantes de la zona quieren defender sus derechos al trabajo y la vivienda ante los proyectos que buscan darle un nuevo aire a esta área de la capital, y que pretenden reubicar entidades gubernamentales y construir nuevas zonas comerciales y habitables. Su argumento principal es que estos proyectos brillan por su falta de comunicación y concertación, pero le dejan una ganancia desmedida a sus ejecutores.

Uno de los afectados es Horacio Montes, comerciante arrendatario de la zapatería Corona, ubicada sobre la carrera 9 con calle 10. "Nos quieren sacar como si nada. A los dueños de los locales les pagan a $1.000.000 el metro cuadrado para después venderlo a $18.000.000. ¿Quién puede con eso? A los comerciantes nos dan tres meses en los nuevos locales y después 'chao'. ¡Nos expropian!", explica. Según Montes los primeros comerciantes fueron hostigados por la Empresa Nacional de Desarrollo Urbana Virgilio Barco (EVB), quien lidera el proyecto Ministerios, para que desalojaran, pero gracias a las asesorías del senador Jorge Robledo han buscado formas para defenderse.

Gerardo Benavides, comerciante de la zapatería Herrera, ubicada en la calle 10ª con carrera 9ª, y que cuenta con 70 años en el mercado, es uno de los líderes de la zona y comenta que no fueron consultados al momento de implantar el proyecto Ministerios. "En mayo de 2013 llegó una comunicación informando que nos teníamos que ir. Ellos tienen una tabla de beneficios para los comerciantes en donde dan tres salarios mínimos para el trasteo, tres meses de la utilidad promedio que usted logre demostrar de los últimos 12 meses, y tres meses de arriendo", explica. Argumenta, además, que la empresa llegó sin informar a la gente y que en la primera etapa algunos negocios fueron expropiados por medios judiciales. También, han existido demoras en los pagos de las compensaciones ofrecidas, los cuales se realizan hasta que los predios salgan a nombre de la EVB.

En un recorrido por la zona, MisiónPyme logró verificar que en los locales comerciales no sólo están las vitrinas sino que al interior de estas residencias se llevan a cabo la mayoría de los procesos industriales. Según Benavides no solo se trata del comerciante sino de los empleos directos e indirectos de los que depende este sector. Benavides cree, además, que no es coherente la política de inclusión social que promulga el gobierno local y nacional, pues están pensando en terminar con empleos formales, que pagan impuestos, que cotizan parafiscales y de los que dependen varias personas. "Logramos resistir los problemas de seguridad del centro, a la calle del Bronx y a las protestas, que a veces son diarias. También nos prometieron que después de cuatro años que duró la construcción de Transmilenio nos iban a llegar mares de comercio y ahora nos van a sacar", afirma.

Jorge Salazar, veedor de la Asamblea de Comerciantes, asegura que más de 6.000 habitantes, todos trabajadores en la zona, se verían perjudicados. Explica que no buscan una guerra entre comerciantes y gobierno, pero sí que se les preserven sus derechos. "Los avalúos bajaron un 20%, es decir, un avalúo de 150 millones de pesos llegó este año por 120 millones. Ya comenzaron a bajar los precios para comprar barato y vender caro", afirma.

Los proyectos

Actualmente, en el centro de Bogotá existen diez planes de renovación urbana, entre los que se destacan el proyecto Triángulo de Fenicia, Triángulo de Bavaria, Estación Central, San Victorino y Ministerios.

La Empresa Nacional de Desarrollo Urbana Virgilio Barco es la encargada de desarrollar el proyecto Ministerios, uno de los que más ampollas ha generado entre los comerciantes, y que está enfocado en adecuar y modificar las entidades gubernamentales.

Ministerios abarca un total de siete manzanas, las cuales pretenden intervenir en un plazo de 15 años. En dicha zona hay 350 unidades prediales, 572 personas viven allí y 877 personas tienen negocios, siendo los más representativos artes gráficas y prendas militares, según datos suministrados por EVB. "Es un proyecto a largo plazo que piensa respetar las zonas y construcciones de patrimonio cultural", explica un funcionario de la empresa que prefirió no revelar su nombre.

"La gente cree que la vamos a sacar de ahí porque nos vamos a enriquecer, pero los vamos a mover porque hay una necesidad inminente. Además, a un edificio de este proyecto no se le va a dar otro uso más que gubernamental", asegura el funcionario.

Ante las quejas realizadas por los comerciantes sobre este proyecto, el funcionario aclaró que "en este prima la necesidad del gobierno y no es un plan parcial, en el que se debe buscar una concertación. Aquí no se hacen acuerdos", afirmó. Sin embargo, aseguró que sí hay un afán por parte de la entidad por mitigar el impacto del cambio. "Somos conscientes de que esto genera dolor por ser un sector tradicional", dice.

Para esto la empresa cuenta con un equipo que desde hace ocho meses permanece en la zona, con el objetivo de asesorar con la relocalización, orientación financiera y asesorías jurídicas. "Lo que se busca es dejarlos en iguales o en mejores condiciones", dice. Del mismo modo, afirma que el proyecto contempla la construcción de unas zonas comerciales, que serán administradas por el Distrito.

Sobre el tema de los avalúos comerciales aclaró que son realizados por Catastro, que es la entidad encargada de hacer esto y que no tienen nada que ver con que hayan bajado, como aseguraron varios comerciantes.

También enfatiza que las leyes son claras respecto a los propietarios de los predios, pero que el mayor rechazo se recibe por parte de los arrendatarios, pues para ellos la ley no es tan específica. Por lo pronto, EVB les brinda una compensación, que se determina de acuerdo a lo que certifiquen, el pago de traslado, y acompañamiento social.

Fenicia: La inclusión social

El proyecto Progresa Fenicia es uno de los planes parciales que se encuentran en la lista de proyectos de renovación urbana aprobados por la Alcaldía Mayor. El promotor del programa es la Universidad de los Andes y busca impulsar el desarrollo integral entre los habitantes de lo que se conoce como "Las Aguas", promoviendo sinergias entre los residentes, comerciantes, estudiantes y los gestores del proyecto. Se estima que tendrá un costo de $250.000 millones.

Según Francesco Ambrosi, coordinador social del proyecto, "es un programa donde no solo está la renovación urbana sino también un gran trabajo de preparación con la comunidad". También aclara que su objetivo no es lo que pasa, generalmente, con un proyecto de este tipo en el que el propietario vende a un precio y luego los gestores lo venden mucho más costoso.

Lo más novedoso de esta iniciativa es la relación 1 a 1 que esperan lograr con todos los propietarios del lugar, es decir, si una persona tiene un local de 60 m2, se le va a entregar un local con el mismo tamaño y zona. "El proyecto prevé que se pueda mantener viviendo en la zona a los actuales residentes del lugar, no se quiere desplazar personas", asegura.

"Estamos buscando que la comunidad no vea a la renovación urbana de forma negativa. Dentro de los beneficios está el Programa Emprende, que busca afianzar en los comerciantes las habilidades que han adquirido y potencializarlas para aprovechar oportunidades de negocio y crecimiento", explica Ambrosi.

Sin embargo, la gente se ha opuesto al proyecto. " La comunidad dice que la van a desplazar, pero yo les digo que les voy a entregar el mismo inmueble", explica. Agrega, además, que el comerciante tiene claro que su actividad comercial es estacional. "Aunque existe el comercio de barrio, también está el comercio impulsado por los estudiantes de la universidad. A esto se le suma que le temen al aumento de negocios, pero esto los ayuda a pensar en cómo pueden hacer para mantenerse", argumenta Ambrosi.

¿Y el gobierno?

Según el subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Económico, Hernán Ceballos, hasta el momento no han recibido ninguna solicitud por parte de los comerciantes de la zona y asegura que la relocalización es una alternativa a la que se deben adaptar. "En este tipo de políticas el hecho de que una empresa pierda empleo y otras ganen no está tan mal. Adicionalmente, la zona no es muy atractiva para los negocios y, por eso algunos se han relocalizado", afirma.

Ante la pregunta si le preocupa el daño que pueda sufrir la industria de la zona explicó que: "En esa parte no hay industria, hay algunas pocas actividades de impresión, a las que se les ha dado una relocalización. Hay actividades comerciales y algunas litografías, pero básicamente no es un sector de producción, hoy en día lo que existe es mucha comercialización".

Por su parte, el Instituto de la Economía Social (IPES) asegura que en esta clase de proyectos brinda una alternativa económica, pero no es responsable de la relocalización, pues no se trata de población vulnerable.