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Con la aprobación de la Ley 590 del 2000 se le dio la oportunidad a las pymes de que fueran más productivas y competitivas, dándoles prioridad en temas como los incentivos, la promoción del espíritu empresarial, el apoyo técnico especializado y el financiamiento sectorial. A pesar de que esta ley impulsó a las pequeñas y medianas empresas, todavía quedaban espacios como, por ejemplo, el acceso a los mercados.

El Decreto 1019 del 28 de mayo de 2014 modificó las normas en materia del sector financiero, asegurador y mercado de valores, con el fin de llamar la atención de las pymes y fomentar su participación en el mercado bursátil. Se trata de aumentar la oferta de los títulos accionarios a los inversionistas profesionales por medio de un proceso simple y económico.

El mercado bursátil es el punto entre la oferta y demanda de acciones, bonos, etc., en las bolsas de valores, en operaciones de mediano y largo plazo, y se le conoce como primer mercado. Pero ahora la Superintendencia Financiera ha reconocido el término de segundo mercado, el cual representa a las nuevas alternativas de financiación bursátil de las medianas empresas.

Este nuevo decreto, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, elimina los obstáculos que impiden a las pymes participar en la Bolsa de Valores, ya que permite que se haga con menores costos, elimina requisitos y facilita los trámites.

Este proyecto, básicamente, manifiesta que:
• Los valores que hagan parte de este segundo mercado no requieren calificación para inscribirse en el Registro de Valores y Emisores RNVE. Además, la inscripción de títulos emitidos por este, para ser negociados, es automática, solo si envían a la Superintendencia Financiera los documentos pertinentes y cumplen con un proceso para la autorización de la oferta pública.
• Las pymes no necesitan de los $7.000 millones que exige BVC para calificar en el mercado bursátil. Esto significa que no están obligados a tener algún tipo de patrimonio.
• Solo tendrán que dar información periódica a sus inversionistas, si uno de ellos lo solicita ya sea en físico o en una página web, y no a la Superintendencia Financiera.
• La calificación de una entidad calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia es voluntaria.
• La inscripción de bonos ordinarios que se coloquen por oferta pública y hagan parte del segundo mercado es voluntaria.
• La inscripción de papeles comerciales en una bolsa de valores, antes de la publicación del aviso de oferta pública, también es voluntaria.
• Respecto al prospecto de colocación y oferta, el decreto permite que sea sumamente simple. Deja que los temas más complicados sean resueltos entre el emisor y los inversionistas interesados.

Lo anterior conlleva a que no existan gastos altos y beneficia a las pymes en puntos tan importantes como su financiación, a causa de que acostumbran hacerlo por medio de créditos bancarios.

Es importante recalcar que las pymes en Colombia representan el 96% de las empresas, las cuales generan el 63% del empleo industrial y realizan el 25% de las exportaciones no tradicionales. Además, pagan el 50% de los salarios y aportan el 25% del PIB.